El Registro de Expertos en Economía Forense (REFOR) –órgano especializado del Consejo General de Economistas– ha realizado un estudio comparativo sobre el número de concursos en los principales países europeos y su evolución en el año 2015. La principal conclusión del estudio es que España tiene una evolución singular en cuanto al número de concursos de acreedores. Por un lado, España es el país de la Unión Europea (entre los siete países analizados del estudio: Alemania, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Dinamarca y Finlandia) en el que se produce en 2015 el mayor descenso en cuanto al número de concursos, respecto al año 2014, que bajaron un 25%.
Si comparamos los concursos de acreedores con el número de empresas existentes en los respectivos países, independientemente del tamaño de las mismas (España, 3,1 millones de empresas; Francia, 2,8 millones; Alemania, 3,7; Reino Unido, 3,6; Italia, 3,9, y Portugal, 1,1), obtenemos una serie de ratios, que ponen en evidencia, para el caso de España, que muchas empresas no acuden al concurso, frente a otros países en los que sí se acude a esta vía de resolución de insolvencias. El coeficiente obtenido en España (0,1) es muy inferior y se aleja del de países de nuestro entorno, como Francia (2,1), Alemania (0,6), Portugal (0,8) y Dinamarca (1,4).
Desde el REFOR ya realizaron este estudio comparativo europeo en 2010 y curiosamente los datos que se obtuvieron ya entonces parecen repetirse e incluso podríamos afirmar que en vez de converger hacia resto de países Europeos más bien nos hemos alejado de la evolución concursal europea: el número de concursos de acreedores en España debería ser mayor de lo que manifiestan las cifras oficiales, que son demasiado bajas comparadas con otros países europeos, lo que apunta a una economía sumergida de insolvencias que no acaban en concursos, como muestran los datos del FOGASA.
Indican desde el REFOR-CGE que en la próxima reforma concursal a realizar deberían tenerse en cuenta estos hechos para preguntarse por qué no se acude al concurso en España frente a otros países europeos e introducir mejoras en las ineficiencias actuales del modelo concursal español que favorezcan la resolución de las insolvencias eficientemente a través del concurso de acreedores, como ocurre en el resto de Europa, y no a través de fórmulas alternativas.